La Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) sesionó el pasado mes de febrero en la ciudad de Quito, donde profundizó la investigación y el trabajo que viene desarrollando sobre la situación de la deuda. Durante las jornadas, la Comisión se reunió con el Presidente del Ecuador, Rafael Correa, con el Ministro de Coordinación Política, Ricardo Patiño, y fue recibida por el Presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta.

La Comisión le presentó al Presidente Correa un informe preliminar que reúne los resultados de las cinco subcomisiones en la que se divide el trabajo: deudas bilaterales, deudas multilaterales, deudas comerciales externas, deudas comerciales internas y aspectos jurídicos. El informe recoge el análisis de los distintos contratos de endeudamiento desde un punto de vista legal, financiero, económico, social, de género, ecológico y sobre nacionalidades y pueblos.

Durante el encuentro, Correa reafirmó su apoyo al trabajo de la Comisión y aseguró que emprenderá las medidas legales para llevar a juicio a los responsables del endeudamiento ilegítimo que sufrió el país. Y planteó que estaba dispuesto a cortar el reembolso de algunos préstamos cedidos por el Banco Mundial. Estos dichos fueron confirmados por el Presidente durante su programa radial de los días sábados, en el cual hizo pública su intención de no pagar la deuda considerada ilegítima.

La Comisión se reunirá nuevamente a mediados de julio en Quito, para discutir el informe final de la Auditoría y las recomendaciones que le presentará al Presidente Correa. Es posible que la CAIC solicite una prórroga a fin de seguir profundizando sus investigaciones, teniendo en cuenta que una gran parte de sus esfuerzos se han enfocado en la ubicación y sistematización de la documentación pertinente acerca de los reclamos de deuda que aún se exige pagar al Ecuador. Tal información debería ser facilmente accesible, porque tanto a la ciudadanía de los países prestadores como de los prestatarios les asiste el derecho a la información a fin de poder tener participación en las decisiones que se tomen respecto a las políticas de endeudamiento de sus países.

Mientras avanza la Auditoría y emergen cada vez mayores pruebas de la ilegitimidad de los reclamos de deuda que Ecuador continúa pagando –tal como se viene denunciando desde los movimientos sociales, pueblos indígenas y campañas contra las deudas– se vuelve crucial la movilización y solidaridad, tanto en el Ecuador como en la región, a fin de sostener y fortalecer el apoyo social y político para el no-pago de las deudas ilegítimas y la restitución-reparación de las deudas sociales, ecológicas, culturales y de género acumuladas.

La publicación del Informe de la Comisión de Auditoría marcará una hora histórica no solo para el Ecuador, sino también para todo el movimiento global contra la deuda y sobre todo para los pueblos del Sur global. Es un gran desafío a unir esfuerzos para lograr que el proceso de Auditoría en Ecuador sea un paso sólido hacia el fin del uso del endeudamiento como instrumento de dominación y saqueo y el fortalecimiento de la soberanía financiera y política de los pueblos de la región.

La CAIC se reunió con integrantes de la Asamblea Constituyente durante la sesión plenaria celebrada a fines de febrero por la Comisión. Además de compartir con el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, un informe preliminar sobre la metodología y los criterios adoptados para el trabajo de la CAIC, las y los miembros de la Comisión de Auditoría intercambiaron perspectivas en apoyo a las propuestas elevadas por el Grupo Nacional de la Deuda, con el fin que sean incluidas y tenidas en cuenta en la futura Constitución Nacional de la República. El Grupo Nacional de Deuda, integrado por movimientos y organizaciones ecuatorianos, entre ellos Jubileo 2000 Guayaquil, Acción Ecológica, CONAIE, CDES, CLAI, y la REMTE, es el núcleo que ha venido impulsando la movilización social a favor de una Auditoria Integral de la Deuda y del cual varios de sus miembros son integrantes de la CAIC.

Entre las consideraciones más importantes plantean que la deuda externa y el sistema de endeudamiento funcionaron como herramientas de imposición de un modelo económico plagado de injusticias. Entre 1982 y 2007 la deuda pública externa ecuatoriana pasó de 3.900 a 10.400 millones de dólares, en ese mismo período los pagos realizados suman unos 30.364 millones de dólares.

Frente a esta situación de continuo saqueo proponen reafirmar la independencia financiera y política como Estado soberano en beneficio de los derechos humanos, el bienestar de los pueblos y la preservación de la naturaleza. Considerar deudas ilegítimas aquellas que hubieran sido contratadas por gobiernos de facto, o por presión o coacción; las que contengan condicionalidades negativas o imposiciones, las que impliquen destrucción de la biodiversidad, contaminación o conlleven la destrucción de actividades y comunidades de autosustento en territorios determinados, las que debiliten o eliminen la disponibilidad de bienes y servicios públicos colectivos y las que atenten de manera directa contra los derechos humanos.

Además avanza en incluir en el texto constitucional que no serán pagadas las deudas cuyo carácter ilegal y/o ilegítimo sea demostrado mediante una auditoría integral y que se prohíba la nacionalización o estatización de deudas privadas.

The Integral Public Credit Audit Commission (CAIC) met in plenary in late February to deepen its investigation of the debt situation. Among other activities, the Commission met with the President of Ecuador, Rafael Correa, the Minister for Political Coordination, Ricardo Patiño, and the President of the Constituent Assembly, Alberto Acosta.

The Commission presented President Correa an interim report on the initial findings of the five sub commissions into which its work has been divided: bilateral debts, multilateral debts, external commercial debts, internal commercial debts, and legal aspects. The report sums up the analysis done of the different contracts from legal, financial, economic, gender, and ecological points of view, as well as from the perspective of nationalities and peoples.

During their meeting, Correa reaffirmed his support of the CAIC´s work and assured that he will undertake legal measures to put on trial those responsible for the illegitimate debt that the country suffers. He also indicated that he was prepared to stop payment on some credits disbursed by the World Bank. The president publicly reiterated his intention not to pay the debt that is considered illegitimate during his regular Saturday radio program on February 23.

The CAIC will meet again in mid July, in Quito, to discuss its final report and the recommendations it will present to President Correa. The Commission may request an extension in order to continue its investigations, considering that a large part of its efforts have been focused on locating and ordering the pertinent documentation on outstanding debt claims. Such information should be readily available, as citizens and lawmakers in both lender and borrower countries have a right to know in order to participate in the decisions that are taken with regard to a country’s debt policies’.

As the Audit progresses and more and more evidence emerges of the illegitimacy of debt claims that Ecuador continues to pay ‘as denounced for years by the country’s social movements, indigenous peoples, and debt campaigns-, continued mobilization and solidarity both within Ecuador and throughout the region are crucial in order to sustain and strength social and political support for the non-payment of illegitimate debts and the restitution and reparations for the related accumulation of social, ecological, cultural, and gender debts.

The release of the Audit Report will mark a historic moment not only for Ecuador but also for the debt movement globally and especially for all South peoples. We are challenged to unite efforts to insure that the Audit process be a strong step toward putting an end to the use of debt as a tool of domination and plunder and strengthening the financial and political sovereignty of the region’s peoples.

The CAIC met with delegates to the country’s Constituent Assembly during its late February plenary session. In addition to sharing with Assembly president Alberto Acosta a preliminary assessment of the methodology and criteria adopted by the CAIC for its work, the Commission members exchanged views in support of the proposals submitted by the National Group on Debt for inclusion in the future National Constitution of the Republic. The National Group on Debt, made up of various Ecuadoran movements and organizations, such as Jubilee 2000 Guayaquil, Ecological Action, CONAIE, CDES, CLAI and REMTE, is the nucleus of organizations behind the social mobilization for a comprehensive debt Audit in Ecuador and several of its members form part of the CAIC.

Among their most important considerations, they underscored that the external debt and the system of indebtedness have served as tools to impose an economic model riddled with injustices. Between 1982 and 2007, the external public debt claimed of Ecuador grew from US$ 3.9 billion to US$ 10.4 billion, over that same period debt service payments totaled US$ 30.4 billion.

In the face of this situation of continual plunder, the Group proposes that Ecuador‘s financial and political independence as a sovereign State be reaffirmed so as to favor peoples’ human rights and welfare and the protection of nature. Loans or financial obligations contracted by de facto governments, or under pressure or coercion, those with negative conditionalities or impositions, those which have led to the destruction of biodiversity and pollution, or have entailed the destruction of self-support activities and communities in certain territories, those that weaken or eliminate the availability of collective public services and goods, and those which attempt in any way against human rights, must be considered illegitimate.

They also propose that the new constitutional text incorporate the provision that those debts whose illegal and/or illegitimate nature can be proven by means of a comprehensive debt audit shall not be paid, and that the nationalization of private debts is forbidden.

La Commission d’Audit Intégral du Crédit Public (CAIC) s’est réunie au mois de février dernier dans la ville de Quito, où elle a approfondi l’enquête et le travail qu’elle est en train de développer sur la situation de la dette. Pendant ces journées, la Commission s’est réunie avec le Président de l’Équateur, Rafael Correa, avec le Ministre de Coordination Politique, Ricardo Patiño, et fut reçue par le Président de l’Assemblée Constituante, Alberto Acosta.

La Commission a présenté au Président Correa un rapport préliminaire qui rassemble les résultats des cinq sous-commissions entre lesquelles est divisé le travail : dettes bilatérales, dettes multilatérales, dettes commerciales extérieures, dettes commerciales intérieures et aspects juridiques. Le rapport recueille l’analyse des différents contrats d’endettement d’un point de vue légal, financier, économique, social, de genre, écologique, et sur les nationalités et les peuples.

Pendant cette rencontre, Correa a réaffirmé son appui au travail de la Commission et a assuré qu’il mettra en œuvre les mesures légales pour mettre en accusation les responsables de l’endettement illégitime dont a souffert le pays. Et il a déclaré qu’il était prêt à arrêter le remboursement de certains prêts concédés par la Banque Mondiale. Ces affirmations furent confirmées par le Président durant son programme de radio du samedi, pendant lequel il a rendu publique son intention de ne pas payer la dette considérée illégitime.

La Commission se réunira de nouveau mi-juillet à Quito, pour adopter le rapport final de l’Audit et les recommandations qu’elle présentera au Président Correa. Il est possible que la CAIC sollicite une prolongation afin de continuer à approfondir ses enquêtes, prenant en compte le fait qu’une grande partie de ses efforts se sont concentrés sur la localisation et la systématisation des documents pertinents en relation avec les dettes réclamées qu’on exige encore de payer à l’Équateur. Une telle information devrait être accessible facilement, puisque tant les citoyens des pays prêteurs comme ceux des pays emprunteurs disposent du droit à l’information, afin de pouvoir participer aux décisions qui se prennent au sujet de l’endettement de leurs pays.

Alors que l’Audit avance et qu’émergent chaque jour davantage de preuves qui corroborent l’illégitimité de la dette que l’Équateur continue à payer – ce qui n’a cessé d’être dénoncé par les mouvements sociaux, peuples indigènes et campagnes contre les dettes- sont devenues cruciales la mobilisation et la solidarité, tant en Équateur que dans la région, afin d’appuyer et renforcer le soutien social et politique pour le non-paiement des dettes illégitimes et pour la restitution-récupération des dettes sociales, écologiques, culturelles et de genre accumulées.

La publication du Rapport de la Commission d’Audit marquera une heure historique non seulement pour l’Équateur, mais aussi pour tout le mouvement mondial contre la dette, et surtout pour tous les peuples du Sud. C’est un grand défi que d’unir des efforts pour réussir à ce que le processus d’Audit en Équateur soit un pas solide vers la fin de l’utilisation de l’endettement comme un instrument de domination et de saccage, et vers le renforcement de la souveraineté financière et politique des peuples de la région.

La CAIC s’est réunie avec des membres de l’Assemblée Constituante lors de la session plénière célébrée fin février par la Commission. En plus de partager avec le président de l’Assemblée, Alberto Acosta, un rapport préliminaire sur la méthodologie et les critères adoptés pour le travail de la CAIC, les membres de la Commission d’Audit ont échangé leurs perspectives en soutien aux propositions avancées par le Groupe National de la Dette, afin que celles-ci soient incluses et prises en compte dans la future Constitution Nationale de la République. Le Groupe National de la Dette, formé par différents mouvements et organisations équatoriens, entre lesquels Jubilée 2000 Guayaquil, Action Écologique, CONAIE, CEDES, CLAI et la REMTE, est le noyau dur qui n’a cessé d’impulser la mobilisation sociale en faveur d’un Audit Intégral de la Dette. Plusieurs de ses membres font partie de la CAIC.

Entre les considérations les plus importantes, ils exposent le fait que la dette extérieure et le système d’endettement ont fonctionné comme des instruments d’imposition d’un modèle économique rempli d’injustices. Entre 1982 et 2007, la dette publique extérieure équatorienne est passée de 3 900 à 10 400 millions de dollars, et, pendant cette même période, les paiements réalisés s’élèvent à environ 30 364 millions de dollars.

Face à cette situation de saccage continu, ils proposent de réaffirmer l’indépendance financière et politique comme État souverain au bénéfice des droits de l’homme, du bien-être des peuples et de la préservation de la nature. Considérer comme illégitimes les dettes qui auraient été contractées par des gouvernements de fait, ou par pression ou sous la contrainte ; celles qui contiennent des conditionnalités négatives ou des impositions, celles qui impliquent la destruction de la biodiversité, la pollution ou qui supposent la destruction d’activités et de communautés d’autosubsistance dans des territoires déterminés, celles qui réduisent ou éliminent la disponibilité de biens et services publics collectifs, et celles qui portent atteinte de manière directe aux droits de l’homme.

De plus, ils avancent pour inclure dans le texte constitutionnel le fait que ne seront pas payées les dettes dont le caractère illégal et/ou illégitime aurait été démontré grâce à un audit intégral, ainsi que le fait que soit interdite la nationalisation ou étatisation de dettes privées.

A Comissão de Auditoria Integral do Crédito Público (CAIC) esteve em sessão durante o mês de fevereiro de 2008, na cidade de Quito, Equador, onde aprofundou a investigação e o trabalho que vem desenvolvendo sobre a situação da dívida. Durante essa jornada de encontros, a Comissão se reuniu com o presidente do Equador, Rafael Correa, com o Ministro de Coordenação Política, Ricardo Patiño e foi recebida também pelo presidente da Assembléia Constituinte, Alberto Acosta.

A Comissão apresentou ao presidente Correa um informe preliminar que reúne os resultados das cinco subcomissões em que se divide o trabalho: dívidas bilaterais, dívidas multilaterais, dívidas comerciais externas, dívidas comerciais internas e aspectos jurídicos. O informe parte da análise dos distintos contratos de endividamento desde um ponto de vista legal, financeiro, econômico, social, de gênero, ecológico e sobre nacionalidades e povos.

Durante o encontro, Correa reafirmou seu apoio ao trabalho da Comissão e assegurou que empreenderá as medidas legais para levar a juízo os responsáveis do endividamento ilegítimo que sofreu o país. E disse também que estava disposto a cortar o reembolso de alguns empréstimos cedidos pelo Banco Mundial. O presidente reafirmou suas palavras durante seu programa semanal de rádio, que vai ao ar aos sábados, no qual tornou pública sua intenção de não pagar a dívida considerada ilegítima.

A Comissão se reunirá novamente em meados de julho de 2008 em Quito, para aprovar o informe final da Auditoria e as recomendações que apresentará ao presidente Correa. É possível que a CAIC solicite uma prorrogação a fim de seguir aprofundando suas investigações, tendo em conta que uma grande parte de seus esforços estão focados na localização e sistematização da documentação pertinente aos  pagamentos  que ainda são exigidos do Equador. Tal informação deveria ser facilmente acessível, porque tanto a cidadania dos países provedores de empréstimos como os países que contraem empréstimos, tem direito a informação a fim de ter a participação nas decisões que se tomam a respeito das políticas de endividamento.

Frente a esta situação avança a Auditoria e emerge cada vez mais evidências de que pode haver  ilegitimidade nos pagamentos da dívida que o Equador continua pagando - tal como se vem denunciando desde os movimentos sociais, povos indígenas e campanhas contra a dívida – se volve crucial para a mobilização e solidariedade tanto no Equador como na região, afim de sustentar e fortalecer o apoio social e político para o não pagamento das dívidas ilegítimas e a restituição - reparação das dívidas sociais, ecológicas, culturais e de gênero acumulados.

A publicação do informe da Comissão de Auditoria marcará uma onda histórica não somente no Equador, mas também para todo o movimento mundial contra a dívida e, sobretudo para os povos do Sul global. É um grande desafio unir esforços para que este processo de Auditoria no Equador seja um passo sólido para por um fim ao uso do endividamento como instrumento de dominação e saque, fortalecendo deste modo a soberania financeira e política dos povos da região.

A CAIC se reuniu com integrantes da Assembléia Constituinte durante a sessão plenária celebrada no fim de fevereiro  pela Comissão. Além de partilhar com o presidente da Assembléia, Alberto Acosta, um informe preliminar sobre a metodologia e os critérios adotados para o trabalho da CAIC. As e os membros da Comissão de Auditoria intercambiaram perspectivas em apoio às propostas levadas pelo Grupo Nacional da Dívida, para que sejam incluídas e levadas em conta na futura Constituição Nacional da República. O Grupo Nacional da Dívida, integrado por movimentos e organizações equatorianas, dentre eles o Jubileu 2000 Guayaquil, Ação Ecológica, CONAIE, CDES, CLAI a REMTE, é o único núcleo que vem impulsionando a mobilização social em favor de uma Auditoria Integral da Dívida e da qual vários movimentos são integrantes da CAIC.

Entre as considerações mais importantes levantadas são de que a dívida externa e o sistema de endividamento funcionaram como ferramentas de imposição de um modelo econômico cheio de injustiças. Entre 1982 e 2007, a dívida pública externa equatoriana passou de 3,9 milhões de dólares para 10,4 milhões de dólares. Neste mesmo período os pagamentos realizados somaram cerca de 30,3 milhões de dólares.

Frente a esta situação de saque contínuo o Grupo Nacional da Dívida, propõem reafirmar a independência financeira e política como Estado soberano em benefício dos direitos humanos, do bem-estar dos povos e da preservação da natureza. O objetivo é também considerar dívidas ilegítimas aquelas que foram contraídas por governos de fato ou por pressão e coação; as que contém condicionalidades negativas ou imposições; as que implicam na destruição da biodiversidade, contaminação ou que levam à destruição de atividades e comunidades auto-sustentáveis e em determinados territórios, e as que debilitam ou eliminam a disponibilidade de bens e serviços públicos coletivos e as que atentem de maneira direta contra os direitos humanos.

Além disso, avança a inclusão no texto constitucional a proposta de que não seriam pagas as dívidas cujo caráter ilegal e/ou ilegítimo seja demonstrado mediante uma auditoria integral e que se proíba a nacionalização ou estatização de dívidas privadas.